LA LUCHA VECINAL NO CESA

El movimiento vecinal, coordinado por la Plataforma en Defensa del Puerto,  activa de nuevo su maquinaria para salir en manifestación, el próximo 29 de Febrero, en contra de la previsible instalación de megasilos de cemento en la zona de ampliación del puerto de Alicante y a favor de un puerto saludable y respetuoso con la conservación del litoral alicantino y la salud y el bienestar de la ciudadanía.  La Autoridad Portuaria tergiversa maliciosamente la realidad cuando, por boca de su presidente, Sergio Campos, atribuye a la convocatoria intencionalidades políticas vinculadas a la proximidad de las fechas electorales. Las organizaciones vecinales y los ciudadanos que a nivel particular participan en la movilización no persiguen otro interés que el de reivindicar un modelo de puerto que, en beneficio de la población alicantina, contemple de forma integrada y sostenible su relación con la ciudad. Son personas que han de hacer uso de su tiempo libre para embarcarse en una lucha en la que Alicante se juega gran parte de su futuro. Por el contrario el presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado a dedo por la Generalitat Valenciana, de la que recibe un sustancioso sueldo, se pliega a las exigencias emanadas del modelo de actuación política del Gobierno autonómico para defender los intereses particulares de las empresas que conciben el puerto como el espacio propicio para maximizar sus beneficios. Hay diferencia. Desde el status que ostenta, el presidente de la Autoridad Portuaria no reconoce ni va a reconocer sus complicidades empresariales en una sociedad dominada por la “democracia de la imagen”. Su política mediática consiste en afirmar que el puerto de Alicante tiene un carácter estrictamente comercial, que las obras de ampliación respetan escrupulosamente el medio ambiente,  que la instalación de los silos de cemento ofrecen la máxima seguridad y es beneficiosa para la ciudad y que el movimiento vecinal está instrumentalizado políticamente. En esta estrategia cuenta con el apoyo explícito del Gobierno municipal, con el alcalde Díaz Alperi a la cabeza, del que, en última instancia, depende la concesión de las licencias para la construcción de los silos.  Por el contrario, el movimiento vecinal no duda de que el proyecto para la instalación de las cementeras corrobora, junto con la carga y descarga de graneles al aire libre, los astilleros y la planta de fertilizantes, la tendencia hacia la conversión del puerto en un polígono industrial susceptible de extenderse como un cáncer junto a una zona urbana, sin que medie una evaluación conjunta y actualizada de impacto ambiental. Desde el punto de vista organizativo, el hecho de que, como corresponde en una sociedad democrática, la representación vecinal traslade la inquietud ciudadana a entidades y partidos políticos con capacidad para actuar a nivel institucional no impide que el movimiento se conduzca desde la más absoluta independencia partidista y el más exquisito respeto a la pluralidad de sensibilidades. Utilizar, como hace el presidente de la Autoridad Portuaria, el recurso a la politización para desacreditarlo supone, por tanto, un total desconocimiento de la cultura democrática.  El comportamiento de la Autoridad Portuaria demuestra una nula receptividad a las demandas vecinales. El verdadero talante de su presidente, Sergio Campos, queda claramente al descubierto cuando se atreve a culpar a los vecinos que han elegido para vivir la zona Sur de Alicante, colindante con el puerto, de no haberse informado sobre la dirección que iba a adoptar la expansión del mismo. Resulta evidente que el presidente de la Autoridad Portuaria pretende responsabilizarlos del oscurantismo que empaña sus propias actuaciones, como lo demuestra el hecho de haber abierto el período de alegaciones contra la instalación de las cementeras en la segunda quincena de Agosto, en pleno período vacacional.  La manifestación del próximo día 29 de Febrero, que partirá a las 20.00 horas desde la antigua estación de Murcia y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento, responde a los intereses de la ciudadanía alicantina en su conjunto. Decir “no” al emplazamiento de las cementeras en el Puerto  es decir “sí” a un desarrollo portuario que, asentado en la actividad estrictamente comercial, los servicios y el turismo, permita la mejora de la imagen y el progreso social de la ciudad.Francisco Javier Segura Jiménez Profesor de Historia y miembro fundador de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto.

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