La Autoridad Portuaria también es administración pública

 De sorprendente e incomprensible cabe calificar, siendo muy generosos, la actuación y comportamiento de la Autoridad Portuaria, con su presidente a la cabeza, apareciendo en rueda de prensa (21-9-07), para tratar de desvirtuar y en el fondo descalificar, las alegaciones que un grupo importante de ciudadanos interesados y afectados han presentado contra el proyecto de instalación de silos de cemento en el puerto de Alicante (15 silos que pueden alcanzar alturas hasta de 50 metros). La situación es la siguiente: la Autoridad Portuaria tiene concedida a una determinada empresa la explotación de las instalaciones que genere la ampliación del Puerto. Como quiera que en esa concesión inicial no estaría recogida la facultad de instalar un complejo industrial para almacenamiento y posterior distribución de cemento, la empresa concesionaria necesita, si quiere proceder a esta instalación, que se le modifique la concesión primera (en la que únicamente se contemplan actividades relacionadas con el tráfico), y a esos efectos solicita a la Autoridad Portuaria que se le conceda tal modificación. Instada dicha solicitud, se abre un plazo de alegaciones, y posteriormente se dicta la correspondiente resolución.


Parece claro, por tanto, que, al menos hasta que la Autoridad competente, en ese caso la Autoridad Portuaria, no dicte resolución, no debería saberse cuál es la posición de esta autoridad en relación con el procedimiento en estudio. Pues bien, contra toda lógica, en pleno trámite de alegaciones el presidente de la Autoridad Portuaria, es decir, el presidente de la autoridad competente para resolver, en lugar de mantener la posición neutral que su cargo y competencia le imponen, convoca una rueda de prensa, para por un lado tratar de desvirtuar el contenido de las alegaciones, y de deslegitimar a quienes las formulan, y por otro lado para defender de forma casi virulenta la instalación del complejo industrial, olvidándose de que los proyectos no son del puerto, sino de particulares que pretenden explotarlo, y, lo que es todavía más improcedente, olvidando que su posición de obligada neutralidad le impide obviamente prejuzgar o anticipar el sentido del fallo o de la resolución final.


Se olvida, al parecer, el presidente de la Autoridad Portuaria, de que representa a la Administración y que la Administración debe actuar a través de un procedimiento. En este sentido conviene resaltar que no existe procedimiento administrativo general o particular (salvo que normas reservadas e internas del Puerto lo contemplen) que incluya entre sus trámites la rueda de prensa para contestar, a la vez que descalificar, a quien reclama o alega. Ante el aluvión de alegaciones (aunque sólo fueran las 1.204 que se reconocen, que son muchas más, no parece fuera de lugar calificarlas de aluvión) el procedimiento obliga al órgano administrativo, en primer lugar, a estudiarlas, y en segundo lugar bien a incorporarlas y a asumirlas, modificando, en consecuencia, su proyecto o propósito inicial, o bien a rechazarlas de forma fundada, argumentando por escrito en cualquier caso su posición, y todo ello con el mayor de los respetos para quien ha formulado la reclamación o la alegación. La rueda de prensa, por tanto, del presidente de un órgano administrativo como modo de contestación a demandas de ciudadanos no sólo pone en duda la imparcialidad obligada de dicho órgano, sino que difícilmente tiene cabida en un Estado de Derecho. No debe olvidar la Autoridad Portuaria aquellos principios que recoge la Constitución Española en sus arts. 103 y 105, y que imponen u obligan a la administración pública a que sirva con objetividad los intereses generales y actúe con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y conforme al procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.


Dicho lo anterior, resulta necesario, aunque sólo sea por sacar del correspondiente error a la Autoridad Portuaria, precisar los siguientes puntos:
1 – Parece que el presidente de la Autoridad Portuaria entiende o considera que «vivir junto a un Puerto implica asumir una serie de condicionantes». Si es cierto que este es su pensamiento habrá que concluir que, en efecto, como se apuntaba más arriba, la Administración en este caso olvida que lo es, es decir, que sirve a los intereses generales y que está sometida a la ley y al derecho.


Porque habrá que decirle al presidente de la Autoridad Portuaria que, al contrario de lo que él piensa, si es que piensa como se expresa, no son los ciudadanos los que tienen que resignarse a sufrir las consecuencias de vivir cerca de un puerto, sino que es el Puerto el que está condicionado en su funcionamiento y desarrollo a la existencia de personas en su entorno. No son las personas las que deben someterse al Puerto, sino que es el Puerto el que debe someterse a las personas. Si esto no se entiende así desde la Autoridad Portuaria está claro que las personas estamos en verdadero peligro. Por llevar el principio al caso concreto debe saber la Autoridad Portuaria que si quiere convertir la ampliación del Puerto en un polígono industrial, no puede pretender que los ciudadanos del entorno lo aceptemos como un «condicionante» del lugar en el que vivimos. En absoluto. Lo que la Autoridad Portuaria debe saber es que, además de que convertir el Puerto en un polígono industrial, significa desnaturalizarlo, y, por tanto, vulnerar la ley que impone unos usos específicos a estos espacios. La creación de un polígono industrial está sometida a unas normas muy estrictas cuando en el entorno se encuentran zonas residenciales. No es, por tanto, que los residentes de la zona hayan de someterse a los inconvenientes del polígono industrial, sino que la creación del polígono industrial deberá estar sometida a la existencia de zonas residenciales y a las normas que protegen a las personas que las habitan, entre otras, por ejemplo, a la norma de los 2.000 mts. de distancia.


2 – La alegaciones presentadas por los ciudadanos oponiéndose a que se modifique la concesión inicial para permitir la instalación de los megasilos, además de significar y representar el ejercicio legítimo del derecho de todo ciudadano para reclamar y alegar ante la Administración, están planteadas con un grado de prudencia y de lógica exquisitos. Modificar la concesión inicial, que se entiende que fue pública, ampliando ahora su contenido, puede ser interpretado perfectamente como una nueva concesión, ahora sin el requisito de la concurrencia pública, y ello, obviamente, es más que discutible. El agravamiento de la contaminación del aire en el entorno del Puerto, así como la contaminación acústica y el impacto paisajístico creando una barrera entre el Puerto y la ciudad, originados como consecuencia de la instalación de los megasilos, no parece discutible que tiene riesgos potenciales ciertos y que por tanto exigirían una evaluación de impacto ambiental previa, así como una evaluación sobre los potenciales peligros para la salud de las personas. Finalmente la exigencia de que se tenga en cuenta la distancia de los 2.000 mts. no debería parecer tampoco desproporcionada cuando estamos hablando de una actividad que sin dificultad cabrá incluir en uno o en varios de los capítulos que condicionan las distancias (actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas). Pues bien, estas cuestiones son básicamente las que se plantean en las alegaciones. Cualquier persona con un mínimo de objetividad tendrá que admitir y reconocer en ellas no sólo el ejercicio de un derecho legítimo, sino también el contenido de unas reivindicaciones prudentes y fundadas.


3 – La afirmación de que el carbón y el clinker no son mercancías peligrosas, además de ser gratuita, por cuanto que no se aporta ningún dato técnico que la avale, resulta obviamente más que discutible, y no es en absoluto difícil encontrar normativa y estudios que la desmienten. Pero la discusión en estos términos resultaría perfectamente estéril. Lo que los ciudadanos tienen derecho a esperar de la Administración (como venimos afirmando, la Autoridad Portuaria es Administración, aunque al parecer no lo tiene en cuenta en muchos casos) es que ésta exija a quien corresponda que se realicen los estudios adecuados, a fin de evaluar los impactos que para el medio ambiente y para la salud de las personas tienen las actividades que se llevan a cabo en el Puerto, y conforme a los resultados de estos estudios imponga y obligue a adoptar las medidas que procedan. Y por ejemplo cabría esperar de la Administración, en lugar de afirmaciones gratuitas sobre la inocuidad del cemento, que convenciera a los ciudadanos de forma objetiva y con datos indiscutibles de que se van a eliminar los procedimientos actuales de descarga de graneles, y las nubes de polución y de contaminación ambiental, que actualmente se producen. Por cierto, si en la mente de los responsables del Puerto existe alguna duda sobre la contaminación ambiental y el riesgo para la salud que se originan en los procedimientos de carga y descarga de graneles en el Puerto, solamente invitarles, no ya a que fijen su residencia, siquiera temporalmente, en la zona, solamente a que cambien sus despachos al entorno de los muelles afectados por estos trabajos.
4 – Finalmente parece obligado hacer mención a la acusación que, con carácter más habitual de lo que sería prudente, se vierte sobre las personas o instituciones que intentan ejercitar derechos y plantear reivindicaciones. Se está convirtiendo en norma de carácter general contraatacar desde la entidad frente a la que se reclama atribuyendo a los reclamantes un ánimo premeditado de bloquear el progreso, de destruir el empleo y de perjudicar a las empresas.

Desde la Autoridad Portuaria deberán mirar para otro lado si tienen la tentación de atribuir un ánimo o voluntad de perjudicar a las empresas que dependen del Puerto, o a los trabajadores que viven del mismo, a quienes defendemos un puerto que sea puerto y no un polígono industrial y en el que se respete al medio ambiente, a la ciudad y a las personas que vivimos en ella.

 

Bernardo Paredes Gómez es miembro de la Plataforma en Defensa del Puerto

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2 comentarios to “La Autoridad Portuaria también es administración pública”

  1. fernando garcía Says:

    documentado, argumentado, objetivo, clarificador, preciso, estimulante, bien escrito. soberbio.
    gracias por tu compromiso con el auténtico progreso y por tu emocionante lección de elegante racionalidad

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