Sobre la realidad de la planta biodiésel.

Pedro Tévar Matas

Pedro Tévar Matas Tesorero del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas zona Alicante. 

La energía es hoy en día una de las principales fuentes de riqueza de cualquier región, (una de ellas es la fabricación de biodiésel). Es obvio que la misma redunda en beneficio principalmente de sus promotores –en nuestro caso, Autoridad Portuaria,  consignatarios, transportes…– y en segundo lugar de los ciudadanos con los que se produce, a los que da trabajo directa o indirectamente. 

Estos fundamentos son positivos pero no obstante, en aquellas energías cuya producción conlleva un cierto riesgo para la salud y vida de las mismas, la balanza con las consecuencias positivas se equilibra o desequilibra –en cada cual están las prioridades– en sentido negativo con la gravedad de los riesgos que entraña. 

En Alicante tienen vigor actualmente en referencia al tema que nos ocupa «Ordenanzas Municipales sobre Condiciones de Protección contra Incendios», «Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Alicante» y «Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas» de BOE nº262 de 7 de Diciembre de 1961 (Real Decreto 2414/1961). 

Para empezar conviene conocer que el biodiésel está catalogado como un combustible obtenido tras la combinación de un aceite (triglicérido) con un alcohol (metanol) resultando de todo ello además un residuo que es glicerina. Es sabido que el metanol proviene del metano, gas inflamable y dependiendo de su cantidad puede traducirse también en explosivo. 

El planteamiento de una estación de producción de biodiésel requiere de un almacenamiento de dichas materias primas y en ello radica la peligrosidad precisamente del almacenamiento del metanol. 

Con estos breves apuntes de una producción de biodiésel, si se profundiza en la legislación vigente antes señalada, cabe apuntar ciertas observaciones a considerar; que la actividad industrial que se está proponiendo es calificable como actividad peligrosa en mayor o menor medida según capacidad de producción pero de ninguna manera inocua; que con tal calificativo, según el apartado 2 del artículo16 sobre «Licencias para actividades e instalaciones» del Ayuntamiento de Alicante es de obligado cumplimiento el reglamento antes mencionado. 

Profundizamos en dicho reglamento, de aplicación en todo el territorio nacional, y dice en su artículo 4º del capítulo 1º que el emplazamiento de estas industrias se regirá siempre por el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento pero situándose siempre a una distancia mínima de 2.000 metros del núcleo urbano más próximo. Además, según su artículo 5, entre las circunstancias a tener en cuenta están la distancia a edificios, la información vecinal y cualesquiera otras que mengüen salubridad y seguridad a los vecinos. 

Pero a pesar de todo ello, cabe la posibilidad según el artículo 20, sección 3ª, de autorizar un emplazamiento distinto siempre y cuando se justifique en casos especiales por informes técnicos y siempre adoptando medidas de máxima seguridad. Objetivamente cabe decir que actualmente el punto del puerto más alejado de la zona urbana está situado a 1.200 metros y en el futuro, con la ampliación del muelle de poniente prevista, será a 1.600 metros (esto puede comprobarse en los planos significativos que en la web ofrece la Autoridad Portuaria de Alicante). 

Es evidente que existen los datos mínimos suficientes para que las protestas estén fundadas en primera instancia ante la poca información sobre el proyecto que se dispone públicamente hoy en día. 

Cabrían una cuantas preguntas que realizarse, ¿se puede evitar absolutamente un accidente en este tipo de instalaciones?, ¿qué medidas de seguridad serían necesarias para evitar riesgos innecesarios a los vecinos?, ¿existe medida de seguridad suficiente en el caso de una hipotética catástrofe?, ¿por qué se insiste de nuevo en el almacenamiento de combustible en la zona portuaria?. 

Un apunte subjetivo puede añadirse, que la ciudad de Alicante se distingue entre las ciudades costeras por vivir de cara al mar, disfrutando del mar y por ello hace ya unos cuantos años fueron desmantelados los depósitos de en aquel entonces Campsa para trasladarse como actividad industrial a
la Partida de Bacarot en lo que son ahora las instalaciones de CLH, y hasta la fecha funcionando sin queja pública alguna.
 

En definitiva, los datos objetivos son muy claros, la legislación también pero se plantean muchas preguntas que con mayor información pueden responderse y con ello poder consensuar una ubicación satisfactoria para todos o en todo caso al menos no insatisfactoria plenamente para nadie. 

Diario INFORMACION, 18 de diciembre, 2006

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